Ley de Acceso a la Información Pública

Más vale tarde que nunca. Otra de esas excepciones que hacían a España –tristemente-diferente tiene los días contados. Como los ciudadanos de otros 80 países, también los españoles podremos reclamar a la Administración los datos que nos afecten o interesen. Y lo que es más importante: se podrán pedir esos datos incluso a las entidades privadas que operen con dinero público y los ciudadanos no estarán obligados a explicar para qué quieren la información. Todo esto será posible gracias a La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en cuyo borrador trabaja el Gobierno.

Ahora sólo queda esperar a que las excepciones no dejen en papel mojado lo que es un derecho constitucional ¿Cuánto costó exactamente el famoso árbol que el Ayuntamiento de Pozuelo fue a comprar a Bélgica? ¿Por qué no puede saber un ciudadano cuánto cobran los políticos o en qué se gastan los impuestos? ¿O preguntar si una persona figura en los archivos policiales y por qué motivo? De esta regulación sólo pueden derivarse ventajas como reconocen los profesionales y consumidores de aquellos países donde esta práctica legal está en vigor.

En la era post WikiLeaks se da, pues, un nuevo paso para acabar con la opacidad y privilegios (o abusos) que se derivan de ese secretismo. No se le pueden poner puertas al campo. Internet, las redes sociales ponen de manifiesto un día tras otro que estamos en un tiempo nuevo de cuyos efectos ya no se libra nadie: ni los gobiernos democráticos, como el poderoso EE.UU, ni por supuesto gobernantes autócratas como los regímenes árabes que creían tenerlo todo controlado. Así pues, asegúrese la salvaguarda de la confidencialidad y seguridad necesarias y bienvenida sea la transparencia.

Mismas caras, diferente discurso

Un nuevo partido persigue la cita del 22 de mayo. Sortu, nombre con el que se ha bautizado, quiere conseguir lo que hace ocho años que la autodenominada izquierda abertzale no logra: concurrir a las elecciones.

Desde la ilegalización en España en 2003 de Batasuna (sucesora de Herri Batasuna) y Euskal Herritarrok al amparo de la Ley de Partidos por su vinculación con la banda terrorista ETA, la izquierda abertzale ha tratado de presentarse a las elecciones bajo diversas marcas: Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) (elecciones forales, navarras y municipales de 2003), Herritarren Zerrenda (HZ) (europeas de 2004), Aukera Guztiak (AG) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) (vascas de 2005), Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) (forales, navarras y municipales de 2007) y Askatasuna y Demokrazia Hiru Milioi (D3M) (vascas de 2009). Todas ellas fueron ilegalizadas bajo la Ley de Partidos, excepto el PCTV y, en parte, ANV.

Lo increíble del asunto es que la nueva formación implora el beneplácito de la Justicia ahora que por primera vez asegura rechazar la violencia de ETA, pero lo hace a través de los mismos viejos conocidos que ya fueron vetados. Jone Goirizelaia, Juan José Petrikorena, Pernando Barrena, Joseba Álvarez, Txelui Moreno o Rufi Etxeberría entre otros, colmaron la primera y segunda fila en la presentación de la marca el pasado lunes.

Sin embargo, en un intento de vincular caras nuevas al movimiento, el partido ha buscado portavoces relacionados con el mundo universitario como Iñaki Zabaleta, catedrático de la Universidad del País Vasco o Karmele Agirregabiria, directora de Euskaltegi.

La próxima semana, Interior enviará la documentación sobre Sortu a la Fiscalía para que reclame un fallo a la Sala del Tribunal Supremo. A partir de ahí, la Fiscalía tiene 20 días de plazo para dar carta blanca a una formación cuyos estatutos, desgraciadamente, no sugieren motivo alguno para su ilegalización.

Foto: elpais.com

                                                                                               

Quien siembra vientos recoge tempestades

El joven tunecino Mohamed Boazizi se inmola después de que la policía incautase el carrito de verduras con el que se ganaba la vida e Internet comienza a arder con él. Parece demasiado sencillo -desgraciadamente-, pero el hartazgo y la desesperación de la población árabe del norte de África, pisoteada por años de dictaduras y miseria, no ha necesitado nada más complejo ni premeditado para estallar.

Túnez gritó “democracia” y al poderoso Ben Ali no le quedó otra que empaquetar su oro y despotismo y salir corriendo. La revolución del jazmín ha sido el ejemplo o el pretexto o el sabio consejo o la fuerza o quizás simplemente la hora y el minuto exactos que tenían que llegar tarde o temprano.

Como una ola imparable, Egipto, Yemen, Argelia o Jordania plantan cara a sus regímenes dictatoriales, a las enormes desigualdades sociales que desfilan ante sus narices, a la corrupción y a la pobreza que ha terminado por arrancarles de cuajo el miedo. Ya no hablamos de religión y eso sugiere caminar con pies de plomo; cualquier forma de radicalismo mama de las inseguridades y las aprovecha para mostrarse a los ciudadanos como el único colchón en el que aterrizar.

Sin embargo, los verdaderos protagonistas que se están encargando de escribir un nuevo capítulo en la Historia no tienen nada que ver con los que dieron la bienvenida a dictadores y otros déspotas. Éstos son mayoritariamente jóvenes con algún estudio, que tienen consciencia de cómo funciona el resto del mundo, que se atreven a reclamar lo que se le ha negado a sus pueblos durante tantos años y que han sabido encontrar en la Red un acelerante muy eficaz.

Las informaciones y las ganas de cambio se suceden y propagan a una velocidad que nos cuesta asimilar. El miedo al contagio ya ha llevado a reaccionar a los vecinos del valle del Nilo y a sus dirigentes, que rápidamente han apostado por alguna que otra medida de prevención. Mientras tanto, Occidente opina y tiembla tímidamente ante una transformación en el panorama geopolítico que se presenta tan incierta como inminente.